El colombiano Luis Manuel Alí Herrera, de 58 años, es el número dos de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y su miembro más veterano, ya que el Papa Francisco lo incluyó en su equipo nada más instituirla hace once años, en 2014. Además de obispo y sacerdote, es teólogo y psicólogo. La principal tarea de este departamento es diseñar protocolos de atención a víctimas y verificar si funcionan las políticas de prevención y detección de abusos en instituciones de la Iglesia. Uno de sus principales instrumentos es el Informe anual sobre las políticas y procedimientos de protección de la Iglesia, del que este jueves publican su segunda edición.

Descarga aquí la segunda edición del Informe anual sobre las políticas y procedimientos de protección de la Iglesia

—¿Qué balance puede hacer del segundo informe?
—Representa un hito importante en nuestra misión. Se basa en el informe piloto, ampliando su metodología, aumentando la transparencia y profundizando el compromiso con las víctimas / supervivientes. Incluye grupos focales de víctimas / supervivientes con unos 40 participantes de todas las regiones; un estudio exhaustivo sobre las reparaciones, que ha dado lugar a un vademécum operativo para orientar a las Iglesias locales; fuentes de datos ampliadas, que incluyen un conjunto de datos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, informes ad limina y cuestionarios de protección; un análisis detallado de las prácticas de protección en las órdenes religiosas y los movimientos laicos; y la participación en la Curia romana, concretamente con el Dicasterio para la Evangelización, con recomendaciones concretas para la reforma institucional. El informe no es solo una publicación, sino una herramienta para el cambio sistémico, basada en los principios de la conversión y justicia: verdad, justicia, reparaciones y reforma institucional.

—¿Cómo recibió el informe el Papa?
—Junto con nuestro nuevo presidente, Thibault Verny, se lo presentamos el 12 de septiembre y estuvimos casi una hora con él para explicar su contenido. La reunión puso de manifiesto su apoyo al mandato de la comisión y a su metodología en evolución. Esta relación es esencial para avanzar en la reforma de la protección en toda la Iglesia.

—¿Qué consecuencias tuvo el primer informe, publicado hace un año?
—Estableció un precedente para la presentación de informes anuales sobre protección en el Vaticano. Condujo a un mayor compromiso de las entidades eclesiásticas, que nos han respondido y solicitado aparecer en futuros informes. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Belga nos invitó a reunirnos para discutir las recomendaciones que les sugerimos en el primer informe. Allí pudimos encontrarnos con víctimas y charlar con el nuncio. También catalizó el desarrollo del Marco de Directrices Universales y la Iniciativa Memorare y puso las bases para una colaboración más profunda con dicasterios y organizaciones internacionales. El segundo informe se basa en esto y muestra una clara trayectoria de aprendizaje y crecimiento institucional.

—En el primero, ustedes propusieron al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que nombrara un «procurador o defensor del pueblo» para que mantuviera informadas a las víctimas y agilizara trámites para sancionar a los culpables. ¿Es una figura plausible?
—Esta propuesta es plausible y es algo que la comisión sigue discutiendo tanto en los Dicasterios de la Curia romana como en las Iglesias locales. El acceso a la información y la representación adecuada de las víctimas / supervivientes sobre sus casos es de fundamental importancia como práctica de reparación integral. También es esencial que haya un «procurador» a nivel local para acompañar a la víctima / superviviente directamente y en el proceso, en colaboración con el «defensor del pueblo» en Roma. La clave es proporcionar un acompañamiento culturalmente sensible y altamente personalizado a cada víctima / superviviente individual.

Aunque la comisión no utiliza el término «defensor del pueblo», ha implementado mecanismos que cumplen funciones similares: su énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas a través de su informe anual sirve como control sistémico de las prácticas de salvaguardia. Una vez más, el estudio de este año sobre reparaciones reveló que son elementos críticos de cualquier enfoque integral de las reparaciones. Estos mecanismos reflejan un enfoque de la rendición de cuentas institucional basado en el trauma y centrado en los supervivientes.

—El año pasado adelantaron que en el segundo informe incluirían análisis sobre instituciones de laicos. ¿Es así? ¿Qué otras sorpresas pueden esperarse?
—Sí. Incluye una evaluación detallada del Movimiento de los Focolares, en la que se examinan sus prácticas de protección, sus retos y sus recomendaciones. La comisión también está en diálogo con otras asociaciones de fieles de carácter pontificio para su futura inclusión en el informe del próximo año. Las asociaciones laicas son reconocidas por su potencial para liderar el cambio cultural, pero también se enfrentan a retos únicos en materia de rendición de cuentas debido a su naturaleza transnacional.

—¿Cómo es el proceso que siguen para estudiar cada país o institución?
—Primero se envían cuestionarios específicos a las entidades eclesiásticas analizadas. Las respuestas se incorporan a los informes de las visitas ad limina y a las actas de las reuniones con los líderes eclesiásticos. Los resultados se enriquecen con consultas a nuestros grupos regionales, que son nuestros «ojos y oídos» sobre el terreno en las Iglesias locales, y con nuestros grupos focales de víctimas/supervivientes. Después, cotejamos esta información con los datos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, informes de la sociedad civil y fuentes académicas. Otro factor importante es la aportación de las nunciaturas apostólicas, que dan información local. Este enfoque garantiza tanto las perspectivas internas de la Iglesia como la verificación externa, lo que mejora la credibilidad y la relevancia de las conclusiones.

—¿Cuántas personas han trabajado en el informe?
—Toda la Comisión, nuestros miembros y personal, está presente en cuatro regiones: África, Asia-Oceanía, América y Europa, y está formada por un equipo de más de 30 profesionales con gran experiencia. A ellos se suman aproximadamente 40 víctimas/supervivientes que participaron en los grupos focales. Además, socios externos contribuyeron a la recopilación de datos, el análisis y la redacción. La naturaleza colaborativa del informe refleja el compromiso de la comisión con la inclusividad y la transparencia.

—Cuando presentaron el primer informe, comentaron que muchas instituciones han solicitado ser «auditadas» por ustedes en futuros informes. ¿Sigue habiendo fila?
—Sí. La comisión sigue recibiendo solicitudes de entidades eclesiásticas para ser incluidas en futuros informes. Esto refleja la creciente confianza en el proceso de la comisión y el reconocimiento del valor de la revisión externa para reforzar los esfuerzos de protección.

—¿Cómo es la colaboración de los obispos españoles con la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores?
—La relación con la Conferencia Episcopal Española es positiva en lo que se refiere al intercambio de información y al generoso apoyo de la Iglesia española a nuestro fondo de solidaridad para las Iglesias que tienen dificultades para encontrar recursos para la protección.

—¿Existen ya datos suficientes para valorar si el fenómeno de los abusos en la Iglesia aumenta o desciende?
—La falta de datos sigue siendo un reto. La comisión está trabajando para subsanar estas carencias ampliando sus fuentes de datos con la colaboración con la ONU y la sociedad civil. También estamos fomentando una mayor participación en los cuestionarios de protección y la publicación de datos verificados de órdenes religiosas. Aunque se están observando tendencias, se necesitan datos más coherentes y completos para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, recuerdo que este informe no presenta estadísticas sobre los casos de abusos denunciados.

—¿Ha cambiado su trabajo con la llegada del nuevo Papa?
—Lo que más ha cambiado es que tenemos un nuevo presidente, el obispo Thibault Verny que fue el primer nombramiento de León XIV, el 15 de julio. El compromiso del Papa León XIV con la comisión ha sido constante y alentador. Nos ha concedido ya cuatro audiencias. Es una señal de su compromiso, al igual que refleja un cambio hacia un enfoque más unificado de la protección la integración de la comisión en la Curia romana y su colaboración con los dicasterios.